Hay en el Ecuador ahora decenas de miles de trabajadores que han cumplido todos los requisitos para jubilarse y sin embargo no renuncian a sus trabajos para acogerse a ese beneficio por una sola razón: las pensiones jubilares son demasiado bajas. Es decir, en la práctica, la clase dominante (la burguesía) ha conseguido que los dominados renuncien a su derecho a la jubilación.
La Comisión Interventora del IESS integrada en el gobierno de Mahuad, con 3 miembros, dos de los cuales eran firmes partidarios de las tesis neoliberales, presentaron al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Seguridad Social, en el que se disponía que la edad mínima para jubilarse vaya elevándose progresivamente, según vaya subiendo en el país la esperanza de vida. La burguesía buscaba que aumente los años de servicio y de aportaciones de los trabajadores y que se redujera el tiempo del que se gozaría de la jubilación. De acuerdo con ese proyecto en el presente año 2006 la edad mínima para jubilarse debía subir a los 65 años.
La pretensión de la burguesía no pasó en su integridad por la lucha que libraron las organizaciones populares, especialmente los jubilados, en defensa de los principios constitucionales de la solidaridad que debe caracterizar a los servicios de seguridad social. Sin embargo, en la práctica, los explotadores han conseguido que los afiliados, aunque han pasado ya de los 65 años de edad, no soliciten la jubilación, sigan trabajando y sigan aportando al IESS, porque retirarse de su puesto de trabajo les significaría condenarse a una vejez extremadamente miserable y a afectar los niveles de vida de sus familias.
La Comisión Interventora del IESS inexplicablemente aprobó una resolución por la cual los afiliados mayores de 60 años de edad y con 30 años de aportaciones por lo menos, pudieran solicitar la jubilación sin necesidad de renunciar a su trabajo. A esta figura jurídica se le llamó la “jubilación activa”, que estuvo en vigencia desde 2002 hasta febrero de 2006. Fue una trampa, como lo vamos a explicar a continuación.
Son más de 10.000 afiliados los que están recibiendo la pensión correspondiente a la “jubilación activa”; están trabajando, con un salario bajo como el que en promedio tenemos los ecuatorianos, que en algo mejora con la pensión jubilar. Pero la dicha del pobre nunca dura.
Ahora se acaba de dictar otra resolución por la cual se hará un reajuste del monto de las pensiones jubilares, a quienes soliciten el ajuste hasta el 31 de agosto próximo, siempre que se hallen cesantes. Si no solicitan el ajuste la resolución dispone que la actual pensión quedará prácticamente congelada para el resto de la vida del afiliado. Es decir, los jubilados activos tienen un mes para decidirse a renunciar, quedarse sin trabajo y sin sueldo, para mejorar su pensión jubilar hasta en un 50% de lo que están recibiendo, o resignarse a seguir trabajando muchos años más porque su pensión no será reajustada y se quedarán con la que tienen.
Como se puede ver, la burguesía no le da respiro a la clase trabajadora, la acosa sin descanso y sin piedad; tan pronto los trabajadores hallan una forma de defender su economía familiar, la burguesía se apresura a quitársela.
La burguesía no se queda allí. Ya ha elaborado otro proyecto de Ley de Seguridad Social, de corte neoliberal, para restringir las prestaciones que debe dar el IESS a sus afiliados. La burguesía no da tregua en la lucha contra las clases trabajadoras. La respuesta de los oprimidos deber darse inmediatamente y fuerte, en todas las instancias. En la instancia electoral debe castigar a los partidos social cristiano y democracia popular, que hicieron polvo las aportaciones de los afiliados y que vienen impulsando las reformas neoliberales, y debe exigir a los candidatos a diputados que hagan pronunciamientos claros y concretos sobre cambios que promoverán para mejorar la seguridad social en el Ecuador.
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